¿Los dos millones de peruanos que han construido casas o edificios sobre lotes invadidos y titulados por COFOPRI quieren tener sus títulos actualizados en el registro público? Por supuesto que sí. Nadie quiere heredar problemas a sus hijos. Todos saben que los departamentos o casas bien registradas valen más. Muchos quieren utilizar sus viviendas como palanca financiera para préstamos diversos. Además, cada vez con más frecuencia los peruanos pasan a ser propietarios de más de una casa o departamento y empiezan a proyectarse un futuro como arrendadores, para lo cual el título registrado es factor clave.

En el gobierno de Toledo los analistas de COFOPRI bautizaron el problema como “ausencia de cultura registral” de los peruanos. Han pasado más de diez años desde entonces y los opinólogos repiten esa frase cada vez que debe hablarse de la agenda pendiente de la formalización. Para ellos la precarización de los títulos es un asunto cultural. Y, muy positivistas, organizan talleres y jornadas de promoción de esa nueva cultura, con resultados nulos.

El problema no es cultural, sino institucional. Los peruanos sí quieren registrar pero el camino de la regularización actualmente y siempre fue un pandemonio, carísimo y además extremamente incierto. COFOPRI nunca pudo resolverlo porque dejó de contar en sus filas con buenos formalizadores desde el 2001. Pero si al gobierno actual, a diferencia de los anteriores, de verdad interesa ingresar a la OCDE, debería empezar por reconocer que estamos ante una informalidad masiva que produce una emergencia legal justificativa de acciones y reformas integrales. Se trata de construir reglas y procedimientos a nivel de la titulación, verificación de lo edificado y de registro, de naturaleza masiva y simplificada. No puede haber desarrollo posible con esa informalidad masiva. De este modo, si el problema es masivo, la solución también debe serlo.

No tener registrados esos dos millones de casas o edificaciones es un grave problema que lastra la economía y excluye legalmente a millones de familias peruanas. La solución a este tipo de emergencia no pasa por demoler las dos millones de viviendas construidas sin licencia municipal. Tamaño absurdo. ¿Cómo entonces legalizarlas? La respuesta es orientar esas reglas y procedimientos dentro de la idea de habitabilidad. La habitabilidad significa que si se edificó informalmente pero con cumplimiento de ciertos criterios técnicos que provean a la vivienda de iluminación, ventilación, seguridad física y organización del espacio, entonces no hay razón para negar su legalidad. En la segunda década del siglo XXI no se habla más de “vivienda para pobre” ni de demoliciones masivas. Las NACIONES UNIDAS aceptan y promueven la integración de la informalidad en un único, amplio y plural, esquema urbano, donde los barrios populares tengan la misma membresía legal que los pudientes y los espacios privados que han sabido generar en base a la autoconstrucción se compensen con espacios públicos que aparezcan tras la reforma. En ese caso y en pocas palabras esta reforma es una de reconocimiento y aceptación unos de los otros.

La respuesta a la pregunta de por qué las ciudades peruanas tienen un paisaje de casas incompletas, cemento y terrazas caóticas, ladrillos y fierros aparentando un fallido estado de construcción, o por qué los pueblos andinos no conservan sus construcciones bucólicas de adobe y tejas inmortalizadas en los cuadros de los pintores indigenistas, y más bien las han sustituido por edificaciones de ladrillo con vidrios polarizados , pasa por no haber sido capaces de crear reglas de juego para construir y registrar fácilmente. Ahora solo queda regularizar utilizando criterios de habitabilidad. Y empezar de cero.