Ahora que hay nueva viceministra de Vivienda, la arquitecta Carmen Cecilia Lecaros, es una oportunidad para poner bajo la lupa “la doctrina Vidal” (aludiendo al saliente viceministro, Ricardo Vidal, entronizado en el humalismo e investigado por la Contraloría), según la cual las inmobiliarias privadas deben hacer la titulación individual y reducir al mínimo la intervención de COFOPRI. Recuerdo al viceministro investigado, pizarra en mano, aleccionando a su equipo en los siguientes términos: “señores, el segmento A, por su riqueza se defiende solo, el ByC cuentan con el Fondo MiVivienda y el D con COFOPRI”. Más aún, sustentando por qué COFOPRI debería limitarse a legalizar terrenos matrices para dárselos a “personas jurídicas”, es decir empresas privadas, a fin de que ellas realicen la titulación individual. Vidal y su equipo, según el más elemental análisis, creyeron encontrar el recoveco legal para utilizar al Estado en beneficio de las empresas inmobiliarias privadas. Me opuse con mucha fuerza y esa noche me destituyeron.

Suspicacias aparte, la pregunta es qué se espera de un ente formalizador. COFOPRI nació en la década de 1990 para resolver la ilegalidad de las posesiones informales con un espíritu inclusivo, empoderar a los pobres legalmente, dar ciudadanía económica a partir del título de propiedad y generar instituciones fluidas entre sector formal e informal. En resumen, para combatir pobreza a partir del reconocimiento de un derecho legal y formalizar para incorporar nuevos activos al mercado, masivamente. La pregunta es: ¿el Perú ya superó el punto crítico de informalidad como para prescindir de COFOPRI?

Respondo: debe decirse que todavía existe pobreza que combatir y en segundo lugar que la informalidad de las edificaciones es el nuevo océano azul por atender. Veamos. No todos los informales son dueños de títulos COFOPRI ni peruanos emergentes. Los hay pobres y extremos pobres. Al menos tenemos en el país 90 mil urbanizaciones populares y comunidades urbanas informales, ubicadas en suelo nuevo, muchas como en la década de 1980, con las familias viviendo en esteras (especialmente en zona perirubana de ciudades de selva) o, cuando no, en zonas de riesgo, laderas, áreas de derrumbe o suelo insustentable. ¿Estas familias merecen ser arrojadas a la nada? Según la doctrina Vidal sí, porque según Vidal deberían ser las empresas inmobiliarias las que titulen a las familias, ya no COFOPRI. Esto no solo sería un error político sino un revulsivo social que nadie vería bien, empezando por el Banco Mundial y las Naciones Unidas (padrinos de COFOPRI).

De otro lado se encuentra el comentado océano azul de la regularización de casas y edificaciones levantadas sobre suelo titulado por COFOPRI. Los dos millones de título entregados desde 1997 sobre suelo invadido, evidentemente ya no son lotes sino casas y edificios. El 99% informales. Claro, un COFOPRI amodorrado, evasivo y mediocre, cuando no corrupto, como el que tenemos desde el 2001, diría que ese debe ser un pleito a resolver por las municipalidades. Bueno pues, en todo este tiempo la informalidad generó un nuevo mar azul, el de las edificaciones. Aprendamos de una vez: ante problemas masivos las soluciones deben serlo también. Y la masificación de soluciones requiere de acción formalizadora planificada y actuante. No dispersa ni difuminada.

Es decir, en pocas palabras, una entidad formalizadora es más necesaria que nunca. ¿El COFOPRI esculpido por la doctrina Vidal lo es? No. ¿Debe reformarse desde su raíz para atacar los nuevos problemas? Sí. Arquitecta Lecaros, es su oportunidad.