Las lluvias intensas y los derrumbes de este no declarado Niño 2017, con muertos, devastación y ausencia clamorosa de ayuda, y también el tsunami Lava Jato, con una estrategia fiscal al menos existente, crispación mediática y cinismo político, arrojan la oportunidad para ir más allá del lamento periodístico y proponer cambios institucionales de envergadura. Los grandes desastres no solo permiten, sino exigen, acciones y reacciones severas.

Sobre la relación entre las personas y las zonas de riesgo recomiendo leer el excelente artículo del jurista Antonio Peña ( www.puntoedu.pucp.edu.pe/opinion/huaicos-desastres-y-derecho-de-vivienda/ ), pero creo que lo que ambos desastres nos traen es más complejo que la gestión de los desastres, de por sí extremamente complicada.

El tridente PPK – Zavala – Vizcarra, acaba de crear un nuevo viceministerio de “gobernanza territorial” para administrar los temas de descentralización, conflicto social, demarcación y organización territorial. Desde el nombre con el que bautizan el neonato viceministerio, el equipo de gobierno marca una posición. No se necesita mucho esfuerzo para identificar la gobernanza (o Governance) como la abdicación del Estado frente a las realidades globales: fragmentación, opacidad, porosidad. O sea, Zavala nos dice que el territorio es un problema no solo del gobierno sino de todos: los que lo ocupan, transitan, utilizan, medran, extraen y masacran. Del sector privado y también de la gente de a pie. De los que suben por la carretera central y les cae una roca en la cabeza y también de las empresas mercantilistas como aquella que dice mantener la carretera central al mismo tiempo que trata de evitar la construcción de una verdadera carretera de cuatro carriles hacia el centro del país. El nuevo viceministerio habrá de obrar como componedor y “desfacedor de entuertos”. De pacificador y árbitro, como en los tiempos lejanos de La Gasca. ¿Pero esto es suficiente?, ¿goza de correcto diagnóstico? La respuesta es no.

Hay buena intención y hasta valentía en el gesto del gobierno. Se nota querer tomar el toro por las astas. Pero el enfoque de Zavala es desordenado y desenfocado. Está muy bien relanzar el ente articulador de la descentralización que Alan García canceló de un plumazo el 2006 (para medrar en la división y pescar a río revuelto), también elevar el nivel institucional para el análisis e intervención en los conflictos sociales, y por supuesto dar seguimiento al ordenamiento territorial hoy librado a la intervención municipal (lo que en la práctica significa nada). Pero el problema es el enfoque. El conflicto social no es la causa del problema sino el efecto de la exclusión económica y el nulo empoderamiento legal de las personas y comunidades. No se resuelve el conflicto social moderando o componiendo mesas de diálogo, ni dando dádivas o solo enfatizando derechos sociales (trabajo, vivienda, salud), sino generando una mejor economía y seguridad legal de las posesiones de las personas y sus familias. Las personas quieren tener una economía y tener una visión de su propio futuro. Los conflictos tienen sus causas y ellas suelen ser siempre económicas, de modo que su solución debe atender esa elemental ecuación.

De igual modo el desorden territorial está ligado al tema central y recurrente de la informalidad. Cuando se traza una carretera o unen dos valles a través de puentes se lanzan una serie de incentivos para la ocupación del suelo que termina desordenando el territorio porque no existen derechos de propiedad previos. Trazar el desarrollo o cerrar brechas sin atender la propiedad son incentivos incorrectos. Las personas se ven obligadas a crear mercados paralelos de tierra y mercancías porque sencillamente el Estado abdicó de su obligación de brindar legalidad a las posesiones de un modo racional. Sin derechos de propiedad bien definidos no hay manera de ordenar el territorio.

Esta era la oportunidad para atacar los tres problemas transversales pendientes en el país: a) informalidad, b) desastres y c) daño climático. Así como se hizo con el Ambiente y con la Cultura cuando se les dotó de nivel ministerial, los tres problemas indicados no tienen acogida frontal e integral. Lo hecho con el VM de gobernanza lo refleja así. Zavala no está atendiendo el núcleo del problema sino las órbitas.

La informalidad se da sobre espacio público y privado, se es informal respecto de cosas o actividades públicas o privadas; igualmente, los desastres sobrevienen en zona pública o privada, los huaycos no distinguen, caen sobre lo que tengan que caer. Y el estrés hídrico tiene consecuencias en la economía, la sociedad y las personas.

Está bien querer una gobernanza a la peruana, pero sin formalizar el suelo poco territorio se va ordenar. Salvo que la idea sea esa, es decir que solo quienes puedan recorrer los laberintos legales gozarán del beneficio de una mejor economía, con lo que el territorio seguirá siendo la chacra de algunos pocos.