Escribe : Horacio Gago Prialé (doctor en Derecho, presidente de ELIS)

Tras la prisión preventiva del matrimonio Humala Heredia, el tema central para analizar es la corrupción del sistema político, no tanto la justicia o injusticia de la resolución del juez Concepción. Me explico.

El fujimorismo triunfa en 1990 en medio del ocaso de los partidos surgidos entre 1930 y 1950, producido por la caducidad del modelo “cepaliano” intervencionista y la asonada senderista que duró más de una década. Con Alberto Fujimori llegan el liberalismo individualista, las privatizaciones y la reducción del Estado al mínimo. En sus diez años, Fujimori no organiza ningún partido sino aparatos electorales para ganar elecciones con la única ideología del pragmatismo. Esa forma de hacer política cunde e impregna la actuación del resto. Alejandro Toledo montó un partido con similar estructura, donde él era el gran cacique. Más recientemente, Keiko Fujimori, César Acuña y PPK hicieron lo mismo: ¿en qué país del mundo se ha visto que un partido serio tenga las siglas del nombre y apellido de su líder? En medio de este pragmatismo sin bandera, los empresarios legales y los ilegales (es innegable la filtración del narcotráfico en el Congreso) , impulsados por la búsqueda de lucro connatural a su condición de empresarios, siguieron los incentivos para actuar directamente en política como congresistas o ministros. Ya no era que los empresarios buscaran sus fines con lobbies. Ahora podían actuar directamente. La política podía, entonces, ser un terreno para el lucro. Ese es el punto.

Ese pragmatismo actuó en el Ejecutivo del modo siguiente: los tecnócratas no existían en el sector público, por lo que había que traerlos del privado. Así se inició “la puerta giratoria”. Era ético y hasta patriótico que los ministros, viceministros, directores y asesores de los ministerios fueran tecnócratas venidos del sector privado, es decir de empresas con fines de lucro, y que tras cumplir su trabajo en el Estado, volviesen a sus puestos privados. ¿A quién defenderían?, ¿a los informales, los humildes, los desposeídos; o a las estructuradas, formales y bien establecidas empresas privadas?, ¿al bien común o al bien privado? . ¡Cómo no habría de darse más de un club de constructoras!

Ese mismo pragmatismo en los gobiernos regionales y locales funcionaba así: cada uno de ellos tenía un presupuesto asignado, el mismo que para gastarse (o mejorarse con nuevos proyectos), debía ser apalancado desde el Ejecutivo, es decir desde la ciénaga tecnocrática y de puerta giratoria ya comentada. A ello se sumaba la falta de control político del Congreso. El resultado: impunidad y corrupción en cadena, desde Lima hacia cada uno de los gobiernos locales y regionales.

Si la política deja der ser el arte de organizar el bien común para convertirse en pasto del lucro, entonces debe ser transformada de raíz. Si el sistema político está corrompido de arriba abajo, ninguna otra institución o sistema podrán surgir correctamente. Ninguna es ninguna : ni la contraloría, ni la fiscalía, ni el Poder Judicial. Tampoco los gobiernos locales ni regionales. ¡A alguien se le ocurre que el inspector de INDECI va a hacer su trabajo correctamente cuando ve que el alcalde de Lima, por falta de control político, saquea las arcas municipales!

El tumor maligno del corrompido sistema político tiene cuádruple ramificación: el voto preferencial, el financiamiento de los partidos, la falta de responsividad directa entre el congresista y su elector, y finalmente la falta de control político de los gobiernos regionales y locales. El problema es así de acotado. No es ciencia infusa ni metafísica política.

Analizaremos estos tejidos tumorosos de la política peruana en la siguiente entrega.