Escribe : Horacio Gago Prialé (Presidente de ELIS)

“La potestad de administrar justicia emana del pueblo”. Esa es una frase mandatoria de la Constitución (art. 138) . Pero la Justicia no es un derecho político, sino uno de carácter jurídico (civil, penal) , de modo que la justicia no puede derivarse de ningún poder político: ni del Ejecutivo ni del Legislativo, sino del pueblo. ¿Cómo instrumentar esto, cómo hacer que el pueblo ejerza la justicia? Con elecciones universales. Veamos.

Los derechos políticos se ejercen para elegir gobernante y representantes. Esos derechos políticos son de carácter ciudadano, por esa razón no puede tamizarse (filtrarse) la calidad de los congresistas. Es imposible evitar a los “comeoros” o matadores de perros. Todo ciudadano, por el hecho de serlo, puede ser congresista. Se trata de un derecho político.

Pero la Justicia no es un derecho político. Es un derecho jurídico para acceder al sistema de solución de conflictos jurídicos. Se trata de un tema especializado perteneciente a una atmósfera especial llamada Derecho. Las personas necesitan ingresar a esa atmósfera y salir de ella airosos, con el servicio de solución de conflictos bien activado.

De este modo, las elecciones universales para que los ciudadanos ejerzan el derecho jurídico de “emanar la justicia”, pasa por elegir a los representantes en el CNM (que a su vez designarán, monitorearán y sancionarán a los Jueces) entre candidatos con calidades jurídicas demostradas. Se trata de una elección donde los candidatos demuestran al pueblo (del que emana la Justicia) estar dotados de las calidades suficientes para designar bien a los jueces. Esos candidatos deberán tener un CV a la altura. Otra vez: cualquiera no puede ser candidato en esta elección, como si lo puede ser para el Congreso, sino personas demostradamente calificadas.

La “sociedad civil” no es el pueblo. Quienes exigen que aquélla sea la que comande el CNM están en un error. La sociedad civil está compuesta por gremios, ONGs, frentes de defensa, asociaciones, entre otros grupos, pero todos con escasa representatividad, siempre limitada y muchas veces manipuladora. Los gremios actúan con espíritu de cuerpo y nunca en pro del bien común. De ahí al mercantilismo judicial hay un paso. El actual CNM tiene representación de la sociedad civil y su actuación ha sido un desastre demostrado.

Además, en un país cuya dinámica principal (en términos de participación demográfica) reposa en el sector informal, lo mínimo que podría esperarse es que el sector informal también esté representado en ese CNM. ¿Difícil, no? ¿Cómo incluir a los informales en instituciones jurídicas formales? Solo a través de elecciones universales.

¿Ese salto tampoco lo querrá dar el gobierno?